¿Cómo denunciar una residencia de ancianos por úlceras por presión o caídas?

¿Se puede denunciar a una residencia de ancianos por úlceras?

Sí. Una residencia de mayores, igual que un hospital, asume el cuidado de personas que muchas veces no pueden moverse, comunicar el dolor ni pedir ayuda. Por eso debe identificar el riesgo de cada residente y aplicar las medidas para evitar úlceras y caídas. Si no lo hace y el residente sufre úlceras graves, una fractura o fallece, la residencia responde.

Conviene distinguir tres caminos, que no se excluyen entre sí:

• Denuncia administrativa ante la inspección de servicios sociales de la comunidad autónoma, para que compruebe el funcionamiento del centro y, en su caso, lo sancione.
• Reclamación de indemnización contra la residencia y su aseguradora (o contra la Administración, si la plaza es pública), para compensar el daño.
• Denuncia penal, reservada a los casos graves de imprudencia (arts. 142 y 152 del Código Penal), por ejemplo con fallecimiento o lesiones importantes.

Lo mismo vale para un hospital: una úlcera que aparece o se agrava durante el ingreso, o una caída de un paciente con riesgo conocido, puede dar lugar a responsabilidad patrimonial si el hospital es público, o civil si es privado.

Úlceras por presión: qué son y por qué casi siempre se pueden prevenir

La úlcera por presión, también llamada escara o lesión por presión, es un daño de la piel y los tejidos que están debajo, causado por la presión mantenida o el roce sobre una zona ósea: sacro, talones, caderas, codos. Aparece sobre todo en personas encamadas o en silla de ruedas, con incontinencia, desnutrición o deterioro cognitivo.

La literatura de enfermería española recoge que estas lesiones pueden prevenirse en más del 95 % de los casos con las medidas adecuadas. Ese dato explica por qué, cuando aparecen úlceras avanzadas, el centro tiene que explicar qué hizo. Para medir su gravedad se usa la clasificación por categorías que siguen el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) y las guías internacionales:

Este contenido es informativo y no sustituye la valoración de un profesional sanitario.

Las escalas de riesgo: Braden, Norton y Downton

Una escala de riesgo es un cuestionario estandarizado que permite puntuar el riesgo de cada persona y decidir las medidas. Lo exigible es que se aplique al ingreso, que se repita periódicamente y siempre que cambie el estado de salud, y que el resultado se traduzca en un plan de cuidados.

Los puntos de corte concretos los fija cada protocolo. En la reclamación importa menos la cifra exacta que tres preguntas: si la escala se pasó, si se repitió cuando el residente empeoró y si las medidas aplicadas eran coherentes con el resultado. Una escala que marca riesgo alto seguida de un plan de cuidados genérico, sin registros, es un indicio claro de mala praxis asistencial.

El plan de cuidados que debe existir

Ante un riesgo de úlceras, las guías de práctica clínica recogen medidas que cualquier perito de enfermería buscará en los registros:

• Cambios posturales con una frecuencia pautada y anotados en una hoja de registro con hora y firma.
• Superficies especiales para el manejo de la presión: colchón o cojín antiescaras adecuado al nivel de riesgo.
• Protección de talones y prominencias óseas.
• Cuidado de la piel e higiene, con especial atención a la incontinencia y la humedad.
• Valoración nutricional e hidratación, con suplementos si son necesarios.
• Inspección diaria de la piel y registro de cualquier lesión desde su aparición, con su evolución.
• Aviso al médico o enfermera ante una úlcera y derivación al hospital si se infecta o progresa.
• Información a la familia o al representante sobre el riesgo y sobre cualquier lesión.

Si la úlcera ya existe, el plan debe incluir la cura según protocolo, la vigilancia de signos de infección y la reevaluación. Una úlcera que pasa de categoría II a IV en pocas semanas sin que conste aviso médico ni cambio en el plan es uno de los supuestos más claros de responsabilidad.

Caídas en residencias y hospitales: ¿cuándo hay responsabilidad?

No toda caída genera responsabilidad. Una persona mayor puede caerse aunque se haga todo bien, y la ley no exige vigilancia permanente de cada residente. La responsabilidad aparece cuando el riesgo estaba identificado, o debió estarlo, y no se adoptaron medidas razonables, o cuando la atención después de la caída fue tardía o inadecuada.

• No se pasó la escala de caídas, o marcaba riesgo alto y no se adoptó ninguna medida.
• Había caídas previas registradas y el plan no se modificó.
• Faltaban medidas básicas: cama baja, timbre accesible, calzado adecuado, ayuda para ir al baño, iluminación nocturna, sensores o acompañamiento.
• El residente quedó solo en una situación de riesgo, por ejemplo en el baño o al levantarse tras un cambio de medicación.
• Tras la caída no se valoró al residente, no se avisó al médico o se retrasó el traslado al hospital, por ejemplo ante una fractura de cadera.

Sujeciones y contenciones: lo que está permitido

Atar a una persona a la cama o a la silla, o sedarla para que no se mueva, no es una forma aceptable de evitar caídas. El Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros, publicado por Resolución de 28 de julio de 2022 en el BOE, reconoce el derecho de todas las personas atendidas a una atención libre de sujeciones, físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Según ese Acuerdo, las residencias y centros de día deben contar con un plan de atención libre de sujeciones, que debía estar implantado antes del 30 de junio de 2025. Solo se admite una sujeción de forma excepcional y urgente, ante un peligro inminente y tras fracasar otras medidas, y siempre:

• Con prescripción médica, supervisión técnica y consentimiento informado específico para esa situación; no valen los consentimientos genéricos firmados al ingreso.
• De forma temporal, proporcional y con la mínima intensidad posible.
• Con comunicación obligatoria al Ministerio Fiscal y registro en el historial del residente.
• Con supervisión continua mientras dure y un plan personal para retirarla.

Una sujeción sin estos requisitos puede ser, en sí misma, motivo de denuncia ante la inspección. Y si provoca lesiones, úlceras por inmovilidad o asfixia, fundamenta además la reclamación de indemnización. Pero tampoco se puede alegar que, como no se podía sujetar, la caída era inevitable: lo exigible son medidas alternativas.

Residencia pública, concertada o privada: ¿a quién y por qué vía se reclama?

En las plazas concertadas la elección de vía es delicada, porque intervienen un contrato o concierto público y una entidad privada. Si se trata de un contrato del sector público, el art. 196 de la Ley 9/2017 de Contratos permite pedir a la Administración, en el plazo de un año, que se pronuncie sobre quién debe responder. En la vía civil, desde el 3 de abril de 2025 hay que intentar antes un medio adecuado de solución de controversias (Ley Orgánica 1/2025), como una negociación documentada o una mediación.

En las residencias privadas, el residente es consumidor y el contrato de servicios se rige también por el TRLGDCU. El art. 148 de ese texto establece una responsabilidad reforzada por los servicios que deben garantizar niveles de seguridad, un argumento que puede invocarse en relación con los cuidados básicos de higiene, vigilancia y seguridad.

Cómo denunciar a una residencia de ancianos ante la inspección de servicios sociales

En Andalucía, la Inspección de Servicios Sociales está regulada en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Su art. 94 prevé que las actuaciones inspectoras respondan a la planificación, pero también a denuncias. El Plan General de Inspección para 2025, 2026 y 2027, aprobado por Orden de 14 de diciembre de 2024, incluye expresamente el control de las sujeciones mecánicas y farmacológicas en residencias y centros de día de personas mayores. En Extremadura, la inspección se rige por la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

• Presente la denuncia por escrito ante la Delegación Territorial de la consejería competente en servicios sociales de su provincia o por registro electrónico, con su identificación y la del centro.
• Describa los hechos con fechas: cuándo detectó las úlceras, la caída o la sujeción, y a quién lo comunicó en la residencia.
• Adjunte fotografías, informes hospitalarios y copia de sus quejas previas.
• Utilice también la hoja de quejas y reclamaciones del centro y conserve la copia sellada.
• Si la situación es grave o hay riesgo para el residente, comuníquelo también al Ministerio Fiscal, que tiene funciones de protección de personas mayores vulnerables.

La inspección puede comprobar ratios, registros y planes de cuidados, y abrir un expediente sancionador. Lo que no hace es indemnizar a la familia. Por eso, cuando hay un daño, la denuncia administrativa debe coordinarse con la reclamación económica: el acta de inspección puede ser una prueba muy valiosa, y lo que se diga en la denuncia debe ser coherente con lo que después se reclame.

La prueba: fotografías, registros y lo que alega la residencia

En las úlceras por presión, la prueba se construye en dos frentes: el estado de la persona y lo que el centro anotó. Pida por escrito, con base en la Ley 41/2002 y en el contrato, la copia del expediente asistencial completo:

• Valoración inicial al ingreso y escalas de riesgo de úlceras y caídas, con sus revisiones.
• Plan de cuidados individual o plan personal de atención.
• Hojas de cambios posturales, de higiene, de ingesta y de incontinencia.
• Registro de curas y evolución de las úlceras, con su categoría.
• Partes de incidencias y de caídas, avisos al médico y traslados al hospital.
• Registro de sujeciones, prescripciones y consentimientos, si los hubo.

Junto a ello, son muy útiles las fotografías de las lesiones con fecha visible o con los datos del archivo conservados, los mensajes en los que la familia avisó, los testimonios de otros familiares o trabajadores y, sobre todo, el informe de urgencias o de ingreso hospitalario, que describe con lenguaje médico la categoría y el número de úlceras cuando el residente llega al hospital.

Qué suele alegar la residencia

• "Las úlceras eran inevitables por su estado": algunas lo son en fases terminales, pero el centro debe probar que aplicó todas las medidas; los registros vacíos dicen lo contrario.
• "La úlcera venía del hospital": se contrasta con la valoración de ingreso y las fotografías; si no se documentó al ingreso, la alegación pierde fuerza.
• "La familia no quiso el colchón o la medida": debe constar por escrito y con información del riesgo.
• "No se puede vigilar a todos": no se exige vigilancia permanente, sino medidas proporcionadas al riesgo valorado.
• "Falta de personal": la insuficiencia de plantilla no exime; es un fallo organizativo del propio centro.

Plazos para reclamar y cálculo de la indemnización

Con contrato privado, el plazo es de cinco años (art. 1964.2 CC). Si la residencia o el hospital son públicos, un año desde la curación, la estabilización de las secuelas o el fallecimiento (art. 67 Ley 39/2015). Si no había contrato con el responsable, el plazo extracontractual es de un año (art. 1968.2 CC). Ante la duda sobre qué plazo se aplica, actúe como si fuera el más corto.

La indemnización se calcula tomando como referencia el baremo de la Ley 35/2015, en su versión reformada por la Ley 5/2025, de 24 de julio, que los tribunales aplican de forma orientativa en el ámbito sanitario; la STS 951/2025, de 17 de junio, del Pleno de la Sala Primera, admite usar el baremo de 2015 como referencia incluso para hechos anteriores. Se valoran los días de padecimiento y hospitalización, las intervenciones (desbridamientos, injertos), las secuelas, los gastos y el daño moral. Frente a la aseguradora se devengan los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro: interés legal más un 50 % los dos primeros años y un mínimo del 20 % después.

Si su familiar ha fallecido: ¿quién puede reclamar?

Las úlceras de categoría IV y las caídas con fractura de cadera en personas mayores pueden desencadenar infecciones, sepsis o un deterioro que acaba en el fallecimiento. Cuando se prueba la relación entre el cuidado deficiente y la muerte, los familiares perjudicados (cónyuge o pareja, hijos y, según el caso, otros familiares) pueden reclamar su propio perjuicio por el fallecimiento conforme a las tablas del baremo.

Además, los herederos pueden reclamar, en determinados casos, el daño que la persona sufrió en vida por las úlceras o la fractura, aunque el fallecimiento tenga otra causa. Para acreditar el nexo son clave el informe de alta o de exitus del hospital, el certificado de defunción y, si se hizo, la autopsia.

En el despacho analizamos estos casos con nuestro Método de Estrategia en Negligencias Sanitarias: cada elemento (riesgo valorado, plan de cuidados, registros, nexo con el daño, información a la familia y cuantía) se contrasta con la prueba y se marca en verde, ámbar o rojo, lo que permite decidir con criterio la vía, el orden de las acciones y el momento de reclamar.

Qué hacer si le ha pasado

• Si ve una úlcera o una lesión, pida que la valore la enfermera o el médico del centro y que conste por escrito.
• Haga fotografías con fecha y guarde los archivos originales.
• Solicite por escrito el expediente asistencial completo: escalas, plan de cuidados, cambios posturales, curas y partes de incidencias.
• Si su familiar es trasladado al hospital, pida el informe de urgencias y de alta, que describe las úlceras.
• Presente la hoja de reclamaciones del centro y, si no hay respuesta o el caso es grave, denuncie ante la inspección de servicios sociales.
• Averigüe si la plaza es pública, concertada o privada, porque cambia la vía y el plazo.
• Encargue una valoración pericial de enfermería o geriatría.
• Consulte con un abogado antes de que pase un año desde el daño o el fallecimiento, aunque el plazo pueda ser mayor.

Preguntas frecuentes

Más sobre caídas, úlceras y residencias

Fuentes y normativa

• BOE: Resolución de 28 de julio de 2022, Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros del SAAD (atención libre de sujeciones)
• BOJA: Orden de 14 de diciembre de 2024, Plan General de Inspección de los Servicios Sociales de Andalucía 2025-2027
• Gerokomos: comparación de las escalas Norton, Braden y EMINA (prevención de lesiones por presión)
• BOE: Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente
• BOE: Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley de Consumidores
• BOE: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público
• BOE: Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia